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El Real Decreto-Ley 17/2021: un análisis regulatorio de urgencia

El Real Decreto-Ley 17/2021: un análisis regulatorio de urgencia

  • 17/09/2021

El día 16 de septiembre de 2021 ha entrado en vigor el Real Decreto-ley 17/2021, de 14 de septiembre, de medidas urgentes para mitigar el impacto de la escalada de precios del gas natural en los mercados minoristas de gas y electricidad. (en adelante, el «RD-ley 17/2021», o simplemente el «Real Decreto-ley») con la finalidad expresada de amortiguar la brusca escalada de precios de la electricidad.

 

Sin ánimo de ser prolijo ni exhaustivo, las siguientes consideraciones que nos parecen las más destacadas desde el punto de vista regulatorio (para ver novedades fiscales consultar aquí):

 

 

  1. Se prevé la celebración de subastas de compra de energía a largo plazo de forma paralela al mercado mayorista. En esta subasta, los operadores dominantes en el mercado de la generación deberán ofertar su producto de generación inframarginal gestionable y no emisora (no incluida en las subastas de renovables), con un periodo de liquidación igual o superior a un año.

 

La primera subasta se celebrará antes de 31 de diciembre de 2021, fijándose en la DA 2ª, los sujetos obligados (Iberdrola, Endesa, Naturgy y EDP) y el producto mínimo a ofertar por cada uno de ellos, si bien habrá que esperar a la oportuna resolución de la Secretaría de Estado de Energía.

 

Los pujadores serán los comercializadoras (también las COR, lo que afectará al PVPC) y consumidores directos.

 

Son análogas a las subastas de renovables ya celebradas anteriormente (precio de reserva, metodología, etc.). La gestión de la subasta recae en OMIE, y será revisada por la CNMC.

 

Se prevé que este sistema se prolongue hasta que el grado de competencia y liquidez en los mercados eléctricos así lo precise.

 

 

  1. Se minora la retribución del precio del pool descontando el mayor coste del precio del gas hasta el 31 de marzo de 2022, para todas las instalaciones no emisoras de gases de efecto invernadero en territorio peninsular, cualquiera que sea su tecnología y cualquiera que sea la modalidad de contratación utilizada (¿Incluye a los PPAs? ¿A todos?), y las referidas en las subastas de renovables (debiendo entenderse que también aplica a las instalaciones con régimen retributivo específico anteriores). También están excluidas las instalaciones con potencia inferior a 10 MW.

 

Dicha minoración, que llevará a cabo REE antes del día m+15 (pero se incluyen los días que restan de septiembre de 2021), aplicará siempre que el precio del gas sea igual o superior a 20 €/MWh, siendo a cuenta de los datos definitivos del correspondiente cierre de medidas. La minoración resultará de la fórmula prevista en el artículo 7 del Real Decreto-ley.

 

Cabe cuestionarse si dicha medida interfiere no sólo en el mercado marginalista prescrito por la normativa comunitaria, sino también el ámbito de la contratación bilateral de forma sobrevenida, retroactiva, e imprevista, y que, según los casos puede resultar desequilibrante para una parte del PPA. Habrá que revisar sus cláusulas para ver si encaja una revisión o resolución, o no.

 

Nada se dice en la norma, pero debiera ser de aplicación la regulación del procedimiento general de liquidación de REE, las posibilidades de reclamación frente a los distintos tipos de liquidaciones (iniciales, intermedias y finales) y de planteamiento de conflictos de gestión económica del sistema ante la CNMC, que posteriormente se judicializarían ante la Audiencia Nacional. Es en esta última sede, donde cabe el planteamiento de cuestiones prejudiciales de constitucionalidad o de derecho comunitario europeo, ante una norma con rango legal problemática.

 

 

  1. Se establece una limitación de la variación del valor del coste de la materia prima en la TUR a partir del 1 de octubre, pues no podrá superar el 35% del valor vigente. A partir del 1 de enero de 2022, no podrá superar en un 15% después de esa valoración de 1 de octubre de 2021.

 

Estas diferencias se recuperarán en las revisiones posteriores de la TUR a partir del 1 de enero de 2022 conforme a lo dispuesto en la DA 7ª.2 del Real Decreto-ley, imputándosele de forma potestativa (¿?) un coste financiero consistente en el tipo de interés aplicado en la financiación del déficit acumulado a 31 de diciembre de 2014, de 1,104%.

 

 

  1. Se incluyen criterios para la gestión de embalses cuyos usos principales no sean el abastecimiento o usos agropecuarios. Se prevé que, al inicio de cada año hidrológico (para este año deben aprobarse antes del 31 de diciembre de 2021) las confederaciones hidrográficas fijarán (a) un régimen mínimo y máximo de caudales mensuales a desembalsar para situaciones de normalidad hidrológica y de sequía prolongada, (b) un régimen de volúmenes mínimos de reservas embalsadas para cada mes, y (c) la reserva mensual mínima que debe permanecer almacenada en el embalse para evitar indeseados efectos ambientales sobre la fauna y la flora del embalse y de las masas de agua con él asociadas.

 

En el procedimiento de elaboración de dichas resoluciones, debe darse audiencia, por supuesto, al concesionario, el cual ve intervenido su derecho a la explotación del recurso hídrico otorgado de forma sobrevenida y por razones distintas a las conocidas en el momento de su otorgamiento (caudales ecológicos).

 

 

  1. Se incrementa en seis meses la prohibición de interrupción del suministro eléctrico a los consumidores vulnerables beneficiarios del bono social eléctrico. Nada se dice respecto del bono social térmico, que sí que va a cuenta de los presupuestos generales, y no a cargo del sector de la comercialización.

 

 

  1. Se actualizan los cargos del sistema eléctrico, en consonancia con lo los ingresos adicionales con los que cuenta el sistema eléctrico como consecuencia de las medidas aprobadas por el Real Decreto-ley.

 

 

  1. Y finalmente, respecto del CO2, dados los mayores ingresos obtenidos como consecuencia del incremento de la cotización de los derechos de emisión de CO2, se ha considerado oportuno ampliar dicho importe máximo hasta los 2.000 millones de euros, destinados a la reducción automática de los cargos del sistema eléctrico. Desde luego, existe la oportunidad de ajustar su valor para el régimen retributivo específico tal como ha sugerido en recientes sentencias el Tribunal Supremo.

 

 

En conclusión: Estamos en presencia de una norma con aristas, y con dificultades de encaje en los parámetros constitucionales y comunitarios. La norma ya ha entrado en vigor, pero debe convalidarse en sede parlamentaria. Es quizá ese el mejor momento y la mejor vía para matizar, modificar o eliminar algunas de sus previsiones más discutibles.

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