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Aspectos a tener en cuenta en la declaración del Impuesto sobre Patrimonio

Aspectos a tener en cuenta en la declaración del Impuesto sobre Patrimonio

  • 07/04/2021

Desde hoy, 7 de abril de 2021, inicia el plazo de presentación de la declaración de la renta del año 2020. Igual que sucedió en el año 2020 por la emergencia sanitaria, es una declaración en la que los medios tradicionales de presentación de la declaración en las oficinas de la AEAT son más difíciles por lo que la labor de los asesores cobra especial interés

No obstante, en la gran mayoría de casos, la declaración de la renta en los meses de abril a junio no deja posibilidad de ahorro u optimización fiscal, puesto que recoge hechos acontecidos hace mínimo 4 meses que no dejan pie a nuevas planificaciones. En este sentido es importante tener en cuenta que un buen asesor fiscal, debe precalcular la declaración de IRPF en el mes de diciembre y no en el momento de la liquidación.

Por el contrario, donde si tenemos capacidad de producir ahorros fiscales, sin asunción de riesgos y mediante una correcta aplicación de la normativa, es en el campo del Impuesto sobre Patrimonio porque en estos meses es cuando debemos analizar entre otros hechos:

  • El cálculo de los activos no afectos de las sociedades en las cuales se tienen participaciones. Es especialmente interesante en este punto, calcular las posibles afectaciones sobrevenidas que recoge la Ley del Impuesto sobre Patrimonio y que permiten reducir mucho el impacto del Impuesto sobre Patrimonio.
  • Confirmar la exención de las participaciones en empresas familiares.
  • Verificar el valor a declarar de los inmuebles de acuerdo con las normas fijadas por la Ley 19/1991.

 

Adicionalmente, tal y como hemos publicado en la tribuna de hoy Cinco Días, es importante analizar si la CCAA en la que pagamos el Impuesto sobre Patrimonio aplica un gravamen superior al que supondría de aplicar la normativa estatal. En caso afirmativo, desde el Departamento Fiscal de Fieldfisher JAUSAS, recomendamos analizar la posibilidad plantear ante las administraciones autonómicas una posible solicitud de devolución de ingresos indebidos por incumplimiento del Derecho Comunitario.

 

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